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¿Neutralidad política ante la familia?
Autor
+ Agustín García-Gasco Vicente, Arzobispo de Valencia, España

 

El bien social de la familia, fundada en el matrimonio, la hace merecedora de estima, protección y promoción por parte no sólo de la sociedad civil y sus autoridades, sino también de la propia comunidad cristiana. Una sociedad que no cuenta con familias así concebidas, o que no las promociona suficientemente para que sean la célula social básica, compromete seriamente la dignidad de sus ciudadanos y el bienestar social. 

La Iglesia particular que no cuenta con el testimonio y la acción evangelizadora de familias cristianas pierde uno de los medios más directos para hablar del amor, la misericordia, el cuidado y la preocupación de Dios Padre por cada hombre que viene a este mundo.

Sin embargo, la cultura política occidental dominante hoy no siempre es capaz de leer correctamente ese bien social de la familia, e interpreta que favorecer la familia de fundación matrimonial es discriminar negativamente "otros modelos de familia". Hay en esta argumentación una grave confusión que necesita ser detectada y corregida. La familia de fundación matrimonial no es "un modelo" de familia, sino que es el modelo de familia por excelencia; plantea el conjunto de relaciones de justicia inherentes a la realidad familiar y que son básicamente tres. 

En primer lugar, una justicia conmutativa entre los esposos, entre el hombre y la mujer que se dan mutuamente, que están dispuestos a amarse sin engaños ni reservas, con exclusividad, aceptando la apertura a la vida de esa entrega. En segundo lugar una justicia distributiva, porque ser esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela... marcan modos de estar no sólo en la familia, sino también en la sociedad, viviendo una responsabilidad estable hacia los demás, garantizada por el vínculo institucional matrimonial que otorga sentido a las otras relaciones. En último lugar, una justicia legal, porque el matrimonio públicamente instituido marca la necesidad de reconocimiento, respeto y ayuda por parte de la sociedad y las autoridades, y cumple una función política de primer orden: nada más y nada menos que garantizar la dignidad de los futuros ciudadanos desde el primer momento de su vida, desde su concepción, haciéndose responsables de su vida, cuidado, salud, educación e incorporación a la comunidad.

Cualquier otra "forma" de familia que quiera cumplir con esas obligaciones de justicia tendrá que reconducirse inevitablemente hacia la familia de fundación matrimonial, pues es, hay que insistir, el modelo de familia que mejor garantiza los derechos humanos de todos sus miembros. Ciertamente es un modelo exigente, pero conviene recordar que toda vivencia de justicia y amor entre los seres humanos es una llamada a abandonar el propio egoísmo para situarse en la esfera de la entrega y la generosidad hacia el otro. Dado este carácter de generosidad, una cultura que valora y aprecia a aquellos miembros que realizan labores de voluntariado social —que normalmente sólo conllevan unas horas dentro de la jornada—, no puede dejar de valorar y apreciar a quienes hacen esas opciones de amor y entrega plenamente y de por vida, haciéndose garantes del bien de la vida humana en las fases primeras y más vulnerables de su desarrollo.

Por eso, la no equiparación de otros tipos de uniones convivenciales a la familia de fundación matrimonial no es discriminatoria. Esas otras realidades sólo se plantean responder parcialmente a las exigencias de justicia, o bien son modos de obtener reconocimiento social para las propias opciones de intimidad, lo cual carece de la relevancia jurídica de la familia. 

Las políticas familiares han de ser conscientes de la especial atención que debe merecerles la familia fundada en el matrimonio. Por ello, conseguir el conocimiento de los bienes del matrimonio y favorecer su extensión ha de ser uno de sus objetivos primordiales.

Con mi bendición y afecto,
 
 Fuente:

 «Paraula-Iglesia en Valencia» 25 de enero de 1998

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